En los últimos años, ha crecido la tendencia de convertir locales comerciales en viviendas, especialmente en grandes urbes donde la oferta de viviendas es limitada y los precios elevados. Sin embargo, esta práctica genera dudas legales y urbanísticas que es importante conocer antes de llevar a cabo un cambio de uso de estos espacios. En Orbiam Puig Immobiliària te contamos qué riesgos legales conlleva esta situación.
Es esencial informarse adecuadamente sobre las normativas vigentes antes de considerar alquilar un local con fines residenciales, ya que no todos los locales comerciales son aptos para este propósito. La ley establece que no es legal alquilar un local para uso residencial si no se realiza el procedimiento adecuado.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) distingue entre dos tipos de arrendamientos: el de vivienda habitual y el de uso distinto a vivienda. El primero está destinado exclusivamente a satisfacer la necesidad de alojamiento permanente del inquilino. El segundo, por otro lado, incluye arrendamientos de locales comerciales, oficinas y otros espacios para actividades no residenciales.
Para que un local comercial o una oficina pueda alquilarse como vivienda, es necesario realizar un cambio de uso. Este cambio implica obtener las licencias pertinentes, como la cédula de habitabilidad, que certifica que el inmueble cumple con las condiciones mínimas para ser habitado. El proceso requiere que el local sea sometido a una reforma que lo convierta en un espacio adecuado para residir.
Los pasos para cambiar el uso de un local a vivienda incluyen la elaboración de un estudio de viabilidad, la solicitud al ayuntamiento para el cambio de uso, la obtención de la licencia correspondiente, la ejecución de las obras necesarias, y la obtención de la cédula de habitabilidad. Posteriormente, se debe inscribir el cambio de uso en el Registro de la Propiedad.
Si un local se alquila sin cumplir con estos requisitos, el propietario podría enfrentarse a sanciones económicas, que pueden alcanzar hasta los 90.000 euros. Además, el incumplimiento de la ley es fácilmente detectado a través de denuncias vecinales o intentos de empadronamiento por parte de los inquilinos.
